Disponer de un extintor en el edificio de viviendas o de oficinas resulta vital para evitar que una emergencia se convierta en un hecho de consecuencias irreversibles. No obstante, para que un externo suponga un elemento de seguridad y protección frente a incendios debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la normativa.

Qué indica la normativa sobre mantenimiento de extintores

En primer lugar, todo los equipos deben identificarse con el marcado “CE”, resultante de la transposición de una Directiva de la UE, que indica que cumple con los requisitos esenciales de seguridad europeos.
El extintor debe situarse en un lugar visible, de fácil acceso y en las zonas de mayor riesgo. Hay que evitar colocarlo detrás de cortinas, muebles o en el interior de algún cajón, ya que puede ser muy inaccesible en caso de urgencia.

La vida máxima de un extintor son 20 años desde su fabricación, siempre y cuando haya pasado todas las revisiones. El mantenimiento de extintores debe hacerse conforme a las tablas I y II del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios recogido en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba que el mantenimiento de los extintores debe cumplir con la siguiente normativa:
Cada tres y seis meses, se realizará por el personal del titular de la instalación, una comprobación visual del estado general del extintor.

Cada año, debe pasar una revisión de mantenimiento por parte de personal especializado del fabricante o de un instalador autorizado. En esta revisión se realiza una verificación de la accesibilidad, conservación, seguros, precintos, inscripciones, manguera, estado de carga (peso y presión) y de las partes mecánicas (lanza, boquilla, válvula).
Cada cinco años, se someterá al extintor a una prueba de presión o retimbrado.

Toda instalación que cumple con las exigencias del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios  se justifica mediante un certificado de un organismo de control y se identifica mediante la colocación de la correspondiente marca de conformidad a normas.

Un incendio es una reacción química de oxidación – reducción fuertemente exotérmica, siendo los reactivos el oxidante y el reductor. En terminología de incendios, el reductor se denomina combustible y el oxidante, comburente; las reacciones entre ambos se denominan combustiones.

Para que un incendio se inicie es necesario que el combustible y el comburente se encuentren en espacio y tiempo en un estado energético suficiente para que se produzca la reacción entre ambos. La energía necesaria para que tenga lugar dicha reacción se denomina energía de activación; esta energía de activación es la aportada por los focos de ignición.

La reacción de combustión es una reacción exotérmica. De la energía desprendida, parte es disipada en el ambiente produciendo los efectos térmicos del incendio y parte calienta a más reactivos; cuando esta energía es igual o superior a la necesaria, el proceso continúa mientras existan reactivos. Se dice entonces que hay reacción en cadena.

Por lo tanto, para que un incendio se inicie tienen que coexistir tres factores: combustible, comburente y foco de ignición que conforman el conocido “triángulo del fuego”; y para que el incendio progrese, la energía desprendida en el proceso tiene que ser suficiente para que se produzca la reacción en cadena. Estos cuatro factores forman lo que se denomina el “tetraedro del fuego”.

Los métodos existentes para evaluar el riesgo de incendio son variados y utilizan distintos parámetros de medida para hacer la valoración. La utilización de unos u otros parámetros dependen de la finalidad que persiga el método de evaluación (minimizar las consecuencias materiales a la empresa, a personal propio o visitante o las consecuencias materiales y humanas a terceros) o de los criterios de evaluación del propio autor del método. Generalmente tienen en común que la mayoría de ellos valoran factores ligados a las consecuencias del incendio.

• Que el incendio no se produzca.
• Si se produce, que quede asegurada la evacuación de las personas.
• Que se evite la propagación del fuego y los efectos de los gases tóxicos.
• Que se faciliten las tareas de ataque al fuego y su extinción.
• Que como consecuencia del siniestro, no se originen daños estructurales irreparables.